El Ministerio de
Educación de la Ciudad de Buenos Aires contrató “con la plata de todos los
porteños” un call center que habilitó un 0800 para que se denuncie la presencia
de agrupaciones políticas que realicen adoctrinamientos partidarios en las
escuelas.
Con el argumento de
evitar que se usen fondos públicos para
hacer “política” en las escuelas el Ministerio incurre en lo mismo que
denuncia, el mal uso de los fondos públicos al no utilizar los medios
institucionales para realizar denuncias, entre las que no se encuentra la
metodología del buchoneo telefónico
anónimo.
El medio usado no
permite al denunciado tomar conocimiento de la denuncia y por lo tanto no puede
defenderse de la acusación ni saber quién es el que la promueve. Y el
Ministerio se erige en un Tribunal que evaluará las denuncias a las que solo él
tendrá acceso.
Al ignorar la vía
jerárquica que debe llevar toda denuncia está poniéndose fuera de la legalidad,
y como en los casos de los cierres de grado, se pone por encima de la normativa
y se comporta como el dueño de una empresa y no como un administrador de lo público por lo que debe rendir cuentas.
De todos modos el camino
elegido para asegurar la “pureza ideológica” escolar va en sintonía con el no hacerse cargo de nada
e invita a los “vecinos” a hacer lo mismo: un susurro en el teléfono y
que tiemblen los docentes.
Además insiste con el
objetivo de enfrentar a padres y maestros, ya que no desconoce el Ministerio
cómo tuvo que recortar la poda de grados que hizo a principios de año cuando
padres y maestros le mostraron que no era tan fácil llevarse puesta a la
educación pública.
La solidaridad es una
palabra que no está en el manual que les
baja Durán Barba a la gente del pro y
sería imposible ver a los muchachos de remera amarilla con un tarro de pintura y una brocha gorda en la
mano pintando las paredes de una
escuela. Lo suyo es no debatir, no
gestionar, no gobernar, no hacerse cargo. Y si alguien hace algo por la
comunidad, ahí sí, buchonearlo.
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